Normativa a nivel nacional

En la actualidad, los riesgos psicosociales y el deterioro de la salud mental en los entornos laborales han dejado de ser fenómenos invisibles o de interés exclusivamente clínico.

El marco normativo nacional e internacional ha evolucionado para incorporar criterios claros de prevención, evaluación estructurada y responsabilidad organizacional en la construcción de entornos laborales que protejan de forma activa la salud física, emocional y social de las personas trabajadoras.

No se trata únicamente de cumplir formalidades®, sino de entender que la implementación real de estas directrices tiene un impacto directo en la sostenibilidad organizacional, en la reducción de costos asociados a incapacidades, rotación y absentismo, y en la gestión eficiente de los seguros de riesgos laborales y pólizas de gastos médicos.

Ley 10412 – Ley Nacional de Salud Mental

El artículo 1 de la Ley Nacional de Salud Mental 10412 establece como finalidad de esta legislación garantizar el derecho a la protección de la salud mental y el pleno goce de los derechos humanos de todas las personas (inciso c). Esta formulación tiene implicaciones directas sobre todos los espacios en los que se desarrollan interacciones humanas con potencial de impacto en la salud mental, incluyendo el ámbito laboral, independientemente de si se trata de una institución pública o privada.

La redacción legal no limita esta garantía al sistema sanitario, sino que reconoce a la salud mental como un derecho transversal, cuya protección debe integrarse en las acciones de todos los actores sociales. En concordancia, el inciso e) del mismo artículo indica como parte de los objetivos de la ley “fortalecer la regulación del marco de atención en salud mental para proporcionar el mejor cuidado, tratamiento y rehabilitación, de acuerdo con los derechos humanos de todas las personas”. Esta disposición no debe interpretarse de forma restringida al sistema clínico, sino como una señal clara de que el marco de atención abarca también las condiciones estructurales, preventivas y organizacionales en las que se desenvuelve la vida cotidiana de todas las personas.

Así, cuando una empresa implementa evaluaciones preventivas, adapta su entorno para reducir factores de riesgo psicosocial, o fortalece su cultura interna desde la salud emocional, no está realizando una buena práctica opcional: está actuando conforme al mandato legal de protección integral de la salud mental. Este enfoque no sustituye la atención clínica, sino que busca evitar que las condiciones laborales se conviertan en factores desencadenantes o agravantes de malestares emocionales o trastornos psicológicos.

Incorporar esta perspectiva legal en las estrategias organizacionales no solo permite alinear la gestión interna con principios de derechos humanos, sino que también anticipa futuras exigencias normativas y mejora la relación de las organizaciones con los seguros de riesgos del trabajo y salud complementaria, al demostrar un abordaje activo y preventivo en la protección del bienestar mental de su personal.

Esta visión normativa obliga a los entornos laborales a asumir un rol más estructurado y proactivo, que trasciende las acciones aisladas o simbólicas, y se orienta hacia la generación de condiciones organizacionales que respeten la dignidad emocional, el desarrollo humano integral y el bienestar social de todas las personas trabajadoras.

Ley 6727 y Normativa Técnica del INS – Seguro de Riesgos del Trabajo

La Ley 6727 establece que los patronos tienen la obligación de proteger integralmente la salud de sus trabajadores como parte del concepto de “riesgo laboral”.

Normas INTECO aplicables: estructura técnica para la gestión psicosocial

Las normas del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) brindan guías claras, actualizadas y alineadas con estándares internacionales como ISO 45003, para aplicar procesos técnicos dentro de la gestión organizacional.

Lineamiento CSO 004-2018 – Violencia Externa hacia el Personal

Este lineamiento del Consejo de Salud Ocupacional define criterios específicos de actuación ante situaciones de violencia externa (por parte de clientes, usuarios, pacientes o actores comunitarios) que afecten la salud mental del personal.

Integrar la normativa no es cumplir con papeles: es proteger a la organización y a las personas. Además, el impacto de aplicar estos marcos supera el ámbito legal:

• Permite a las empresas demostr

  

  ar diligencia preventiva ante las aseguradoras, evitando sanciones o ajustes en primas.

• Optimiza la gestión de pólizas de gastos médicos, reduciendo costos por atenciones derivadas de causas laborales no diagnosticadas.

• Protege jurídicamente a la organización frente a reclamos de salud ocupacional por daño emocional o deterioro mental no gestionado.

• Y, sobre todo, fortalece la legitimidad y sostenibilidad de las acciones de bienestar, asegurando que no sean decorativas, sino parte de un sistema organizacional sano y funcional.